El Gobierno de Panamá está trabajando con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para firmar el acuerdo que certifica la incorporación de las entidades financieras panameñas a la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el Extranjero (Fatca, por sus siglas en inglés), norma a través de la cual Estados Unidos requiere información de determinadas cuentas de sus ciudadanos en el extranjero. 

La norma, aprobada en 2010, ha sufrido numerosos contratiempos y su aplicación no será efectiva hasta 2015. A grandes rasgos, con esta iniciativa el Gobierno de Estados Unidos (EU) está pidiendo a entidades financieras de todo el mundo que remitan información sobre las cuentas de estadounidenses en el extranjero con el objetivo de combatir la evasión fiscal.  

La norma no es de obligado cumplimiento en teoría, pero sí en la práctica, ya que aquellas entidades que no se adhieran al Fatca verán entorpecida su operación con Estados Unidos a base de retenciones, lujo que casi nadie se puede permitir cuando se habla del principal centro financiero del mundo, por el que  pasan casi todas  las transacciones internacionales.  

Esa posición dominante de Estados Unidos ha hecho que algunos analistas hayan calificado la medida como “imperialismo financiero”.  

Además, las entidades privadas tienen que asumir los costos generados por la implementación de la norma.  

Para incorporarse al Fatca, Panamá optó por negociar un acuerdo entre los gobiernos de los dos países. El texto ya ha sido consensuado y solamente está pendiente de la firma.  

El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, dijo que se están haciendo los esfuerzos para firmar el IGA (como se conoce el acuerdo intergubernamental por su denominación en inglés) antes de que finalice el año.  

No obstante, aclaró que Estados Unidos anunció recientemente que una jurisdicción que ha pactado el fondo del IGA se considerará como si efectivamente ya lo tuviera, “a condición de que la contraparte continúe demostrando su firme voluntad de firmar el acuerdo negociado tan pronto como le sea posible”.  

En la práctica, esto quiere decir que las entidades financieras de territorios que, como Panamá, “han llegado a un acuerdo en cuanto al fondo del IGA, no están sujetas al impuesto sobre las rentas de Fatca después del 31 de diciembre de 2014, incluso si la jurisdicción todavía no ha firmado el IGA para esa fecha”, explicó De La Guardia, para quien con estas circunstancias no debería haber repercusión alguna para los bancos locales.

El Gobierno de Panamá está trabajando con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para firmar el acuerdo que certifica la incorporación de las entidades financieras panameñas a la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el Extranjero (Fatca, por sus siglas en inglés), norma a través de la cual Estados Unidos requiere información de determinadas cuentas de sus ciudadanos en el extranjero. 

La norma, aprobada en 2010, ha sufrido numerosos contratiempos y su aplicación no será efectiva hasta 2015. A grandes rasgos, con esta iniciativa el Gobierno de Estados Unidos (EU) está pidiendo a entidades financieras de todo el mundo que remitan información sobre las cuentas de estadounidenses en el extranjero con el objetivo de combatir la evasión fiscal.  

La norma no es de obligado cumplimiento en teoría, pero sí en la práctica, ya que aquellas entidades que no se adhieran al Fatca verán entorpecida su operación con Estados Unidos a base de retenciones, lujo que casi nadie se puede permitir cuando se habla del principal centro financiero del mundo, por el que  pasan casi todas  las transacciones internacionales.  

Esa posición dominante de Estados Unidos ha hecho que algunos analistas hayan calificado la medida como “imperialismo financiero”.  

Además, las entidades privadas tienen que asumir los costos generados por la implementación de la norma.  

Para incorporarse al Fatca, Panamá optó por negociar un acuerdo entre los gobiernos de los dos países. El texto ya ha sido consensuado y solamente está pendiente de la firma.  

El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, dijo que se están haciendo los esfuerzos para firmar el IGA (como se conoce el acuerdo intergubernamental por su denominación en inglés) antes de que finalice el año.  

No obstante, aclaró que Estados Unidos anunció recientemente que una jurisdicción que ha pactado el fondo del IGA se considerará como si efectivamente ya lo tuviera, “a condición de que la contraparte continúe demostrando su firme voluntad de firmar el acuerdo negociado tan pronto como le sea posible”.  

En la práctica, esto quiere decir que las entidades financieras de territorios que, como Panamá, “han llegado a un acuerdo en cuanto al fondo del IGA, no están sujetas al impuesto sobre las rentas de Fatca después del 31 de diciembre de 2014, incluso si la jurisdicción todavía no ha firmado el IGA para esa fecha”, explicó De La Guardia, para quien con estas circunstancias no debería haber repercusión alguna para los bancos locales.

El Gobierno de Panamá está trabajando con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para firmar el acuerdo que certifica la incorporación de las entidades financieras panameñas a la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el Extranjero (Fatca, por sus siglas en inglés), norma a través de la cual Estados Unidos requiere información de determinadas cuentas de sus ciudadanos en el extranjero. 

La norma, aprobada en 2010, ha sufrido numerosos contratiempos y su aplicación no será efectiva hasta 2015. A grandes rasgos, con esta iniciativa el Gobierno de Estados Unidos (EU) está pidiendo a entidades financieras de todo el mundo que remitan información sobre las cuentas de estadounidenses en el extranjero con el objetivo de combatir la evasión fiscal.  

La norma no es de obligado cumplimiento en teoría, pero sí en la práctica, ya que aquellas entidades que no se adhieran al Fatca verán entorpecida su operación con Estados Unidos a base de retenciones, lujo que casi nadie se puede permitir cuando se habla del principal centro financiero del mundo, por el que  pasan casi todas  las transacciones internacionales.  

Esa posición dominante de Estados Unidos ha hecho que algunos analistas hayan calificado la medida como “imperialismo financiero”.  

Además, las entidades privadas tienen que asumir los costos generados por la implementación de la norma.  

Para incorporarse al Fatca, Panamá optó por negociar un acuerdo entre los gobiernos de los dos países. El texto ya ha sido consensuado y solamente está pendiente de la firma.  

El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, dijo que se están haciendo los esfuerzos para firmar el IGA (como se conoce el acuerdo intergubernamental por su denominación en inglés) antes de que finalice el año.  

No obstante, aclaró que Estados Unidos anunció recientemente que una jurisdicción que ha pactado el fondo del IGA se considerará como si efectivamente ya lo tuviera, “a condición de que la contraparte continúe demostrando su firme voluntad de firmar el acuerdo negociado tan pronto como le sea posible”.  

En la práctica, esto quiere decir que las entidades financieras de territorios que, como Panamá, “han llegado a un acuerdo en cuanto al fondo del IGA, no están sujetas al impuesto sobre las rentas de Fatca después del 31 de diciembre de 2014, incluso si la jurisdicción todavía no ha firmado el IGA para esa fecha”, explicó De La Guardia, para quien con estas circunstancias no debería haber repercusión alguna para los bancos locales.